La ambigüedad de Ayllón frente al DS 5676 y las protestas sociales
En medio de las manifestaciones de productores, transportistas y organizaciones sociales que se oponen al Decreto Supremo 5676, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, adopta una postura que suscita dudas. Aunque critica el impacto económico del decreto, no se pronuncia con firmeza ante el conflicto social que atraviesa el país.
Ayllón ha señalado que el costo de Bs 18 por litro de diésel es insostenible y ha respaldado la demanda de abrogación del decreto. Sin embargo, a medida que aumentan las movilizaciones y bloqueos de caminos, el gobernador no se ha mostrado como un líder fuerte que defienda a los ciudadanos afectados ni ha exigido al Gobierno una solución rápida a la crisis.
La situación en las calles y la respuesta institucional de Ayllón
El 2 de septiembre, las protestas se intensificaron con bloqueos en Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas, mientras la Policía movilizaba fuerzas y equipos antimotines para controlar la situación. Diversos sectores continúan organizando nuevas medidas de presión contra el decreto y las decisiones económicas del Gobierno.
En contraste con la situación en las calles, Ayllón ha optado por un enfoque institucional. Ha convocado una reunión de gobernadores programada para el 10 de septiembre, donde buscará establecer una posición unificada para solicitar a Rodrigo Paz la reconsideración del decreto.
Sin embargo, la eficacia de esta estrategia es cuestionada, dado que el conflicto ya está afectando directamente a numerosos ciudadanos. En junio, Ayllón había mostrado su capacidad de intervención en situaciones similares al reunirse con los movilizados y alcanzar un acuerdo que desactivó bloqueos. Hoy, ante una crisis nacional creciente, su discurso se presenta más mesurado.
Ayllón dice defender a Chuquisaca, rechaza el precio del diésel y reclama al Gobierno, pero evita convertirse en una voz fuerte contra las decisiones de Paz mientras la población enfrenta combustible caro, escasez y nuevas protestas.
La situación plantea interrogantes sobre si la actitud de Ayllón responde a una prudencia política, a un cálculo estratégico o simplemente a una preferencia por no incomodar al Gobierno de Rodrigo Paz en un momento crítico.
