Intervención del sistema ROMA: un cambio necesario en la Fiscalía
El Ecosistema ROMA, que fue considerado una de las principales innovaciones tecnológicas del Ministerio Público, pasó de ser una solución prometedora a estar bajo revisión técnica. Este sistema fue implementado durante la gestión del exfiscal general Roger Mariaca y se lanzó oficialmente en mayo de 2025 con el objetivo de digitalizar y centralizar diversas funciones del trabajo fiscal.
Recientemente, la nueva administración de la Fiscalía ha decidido llevar a cabo una revisión exhaustiva del funcionamiento de ROMA tras recibir quejas sobre accesos externos indebidos a información confidencial. Además, se ha determinado que la nomenclatura ROMA será eliminada del uso institucional.
ROMA, que se traduce como Repositorio de Operaciones, Módulos y Aplicaciones, tenía como propósito principal unificar la gestión fiscal. Esto incluía la persecución penal, la administración de expedientes digitales, y la interoperabilidad con otras entidades y herramientas de análisis de datos.
Funciones de la plataforma ROMA:
- Consultar y dar seguimiento a causas
- Acceder a expedientes digitales
- Recibir notificaciones electrónicas
- Gestionar documentos con validez digital
- Interoperar con unidades policiales y judiciales
- Centralizar información administrativa y operativa
- Incorporar herramientas de inteligencia artificial
Dentro del ecosistema ROMA, se desarrolló una aplicación móvil que permitía a los ciudadanos acceder a información sobre sus procesos judiciales y recibir notificaciones. A medida que el sistema evolucionaba, se añadieron nuevas herramientas, incluyendo IRIS, que evaluaba riesgos en casos de violencia familiar, y ROMA-ARGO, que utilizaba tecnologías de geolocalización y reconocimiento facial para monitorear el cumplimiento de medidas cautelares.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, comunicó la intervención del sistema ROMA después de recibir informes sobre posibles accesos ilegales a la plataforma. Según Urioste, individuos ajenos al Ministerio Público, incluso miembros de organizaciones criminales, habrían tenido la capacidad de consultar información reservada como mandamientos de aprehensión y órdenes de allanamiento.
Urioste también mencionó que se habían detectado servidores externos, algunos de los cuales estarían localizados fuera del país. En su declaración, hizo referencia al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, sugiriendo que él podría haber tenido acceso a información relacionada con el sistema, lo que habría permitido advertirle sobre acciones judiciales inminentes.
