Intervención de YPFB por seis meses para mejorar operaciones
El Ejecutivo nacional ha implementado una intervención temporal en YPFB, que se extenderá por un plazo de hasta 180 días, para corregir problemas en sus operaciones y fortalecer la logística vinculada a la importación y distribución de combustibles.
Esta decisión se formaliza a través del Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, que establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria. Esta comisión se encargará de supervisar la gestión de la empresa estatal durante el tiempo que dure la intervención.
El decreto menciona que la intervención podrá ser prorrogada una vez, por un máximo de 90 días, si aún persisten los problemas que motivaron esta medida. Asimismo, existe la posibilidad de que la intervención termine antes de los 180 días si se solucionan las deficiencias identificadas.
La intervención se fundamenta en las "deficiencias en la cadena logística de importación y distribución de carburantes", que representan un riesgo para el interés público y la seguridad energética del país. Sin embargo, no se contempla la eliminación de YPFB ni cambios en su estructura jurídica.
Composición y funciones de la comisión
La Comisión de Intervención estará compuesta por ministros de diferentes carteras, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, así como un Viceministro de Transparencia. Su enfoque principal se centrará en la comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles.
- Recomendar auditorías técnicas para identificar irregularidades en la cadena logística.
- Evaluar y corregir procesos de importación, distribución y comercialización de combustibles.
- Revisar la actuación de funcionarios de YPFB y proponer medidas de remoción si es necesario.
La comisión tiene la autoridad para solicitar la colaboración de especialistas, así como revisar los procesos administrativos y operativos de la empresa. Si se identifican responsabilidades, se elaborará un informe que será enviado a las autoridades pertinentes.
Finalmente, se establece que la intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, ya que cualquier gasto asociado será cubierto por los presupuestos de las entidades que conforman la comisión.
