Informe revela posibles responsabilidades en las gestiones de Arce y Paz sobre el caso de 'gasolina basura'
El diputado Carlos Alarcón, miembro de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso conocido como 'gasolina basura', anunció que el informe elaborado por este grupo atribuye responsabilidades a funcionarios de ambas gestiones, la del expresidente Luis Arce y la del actual gobierno.
Este informe será presentado próximamente ante el pleno de la Cámara Baja, donde se decidirá cómo proseguir con las indagaciones relacionadas con la calidad del combustible y los contratos de suministro vinculados.
Alarcón mencionó que se citan como posibles responsables a figuras clave, entre ellas el expresidente Arce, exministros como Mauricio Medinaceli y Gallardo, así como a exejecutivos de YPFB, como Wilson Dorgathen. "Es evidente que hay responsabilidades compartidas por ambas administraciones", afirmó el legislador.
Uno de los puntos críticos que subrayó Alarcón es el contrato entre YPFB y la empresa Ditol, que fue promovido durante la gestión de Dorgathen. Este acuerdo, que sufrió varias modificaciones durante la administración anterior, fue ampliado nuevamente por la actual gestión con una quinta enmienda el 17 de diciembre de 2025, coincidiendo con el levantamiento de la subvención a los combustibles.
Alarcón cuestionó por qué el nuevo Gobierno decidió extender un contrato que debería haberse dejado sin efecto, considerando que se podía obtener combustible de calidad al precio internacional en ese momento. Explicó que la prórroga del contrato, que ahora se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, ha permitido la continuidad de la provisión del combustible que está en el centro de esta controversia.
La importancia de esta investigación radica en su impacto económico, ya que involucra a YPFB, la principal empresa estatal del sector hidrocarburos, y afecta directamente el abastecimiento de combustibles, que es un elemento crítico en la economía del país.
Alarcón también expresó su preocupación por el retraso en el tratamiento del informe, que permaneció alrededor de un mes sin ser evaluado desde su entrega a la presidencia de la Cámara de Diputados. Ahora, el documento se someterá a la revisión del pleno, quien decidirá si se deben asignar responsabilidades políticas o administrativas, o si se deben tomar otras acciones en el marco de la investigación.
Este caso subraya la necesidad de una mayor transparencia y control en la gestión de contratos de importación y suministro de combustibles, un tema que afecta directamente al costo y la disponibilidad de gasolina y diésel, repercutiendo en el transporte, la producción y los precios de los alimentos, así como en el bolsillo de la ciudadanía.
