Informe de la Defensoría del Pueblo sobre minería ilegal en Bolivia
La Defensoría del Pueblo ha presentado un informe que destaca las violaciones a los derechos humanos provocadas por la minería ilegal en el país, enfatizando la urgencia de que el Estado implemente medidas efectivas para proteger tanto el medio ambiente como a las comunidades que se ven afectadas.
Este informe, conocido como INF/DP/ANDEF/UDDI/2026/74, fue enviado oficialmente el 28 de septiembre al Órgano Ejecutivo y Legislativo y se centra en las vulneraciones sistemáticas vinculadas a la expansión de la minería ilegal. El documento subraya la importancia de la consulta previa y el cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el uso de mercurio.
El análisis incluye antecedentes sobre la situación actual de la implementación de normativas ambientales y menciona la contaminación por mercurio en diversas comunidades amazónicas. Se identifican graves riesgos para el acceso a agua, salud, alimentación y un medio ambiente sano.
Entre las recomendaciones de la Defensoría se sugiere aumentar el control y la fiscalización de las actividades mineras, así como garantizar que las comunidades afectadas sean informadas y participen en las decisiones que les conciernen. El informe resalta la responsabilidad del Estado para hacer realidad estas sugerencias.
La Defensoría del Pueblo también destaca que la situación actual representa una crisis de derechos humanos a raíz de la minería ilegal, instando al Gobierno a tomar acciones inmediatas para mitigar el daño ecológico y proteger a las comunidades indígenas que habitan estas zonas afectadas.
Finalmente, la institución se compromete a dar seguimiento a las acciones recomendadas dentro de su ámbito de competencias, con el objetivo de contribuir a la salvaguarda de los derechos humanos y de la Madre Tierra en Bolivia.
"Esta situación pone de manifiesto la devastadora huella de la minería ilegal y la contaminación por mercurio en el país".