Gobierno y gobernadores acuerdan fortalecer autonomías con la Agenda 50/50
Este miércoles, en la ciudad de Sucre, el Gobierno nacional y los nueve gobernadores de Bolivia firmaron el Acuerdo 001/2026, dando inicio a la Agenda 50/50. Este acuerdo tiene como objetivo principal el fortalecimiento de las autonomías departamentales a través de reformas en el manejo del presupuesto, el régimen tributario y la distribución de recursos.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la creación de una mesa técnica que trabajará en un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. Este proyecto busca llegar a consensos en el actual ciclo legislativo, con la intención de implementar el nuevo esquema a partir de la gestión fiscal de 2027.
Asimismo, el acuerdo establece la necesidad de evaluar nuevos mecanismos que permitan ampliar la autonomía fiscal de las gobernaciones. Esto incluye la posibilidad de reclasificar bases imponibles que actualmente son gestionadas por el Estado central, la creación de nuevos tributos dentro de los parámetros constitucionales, así como la aplicación de sobretasas y la modificación de la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos. Se fijó un plazo de 90 días para la elaboración de este proyecto.
En cuanto al presupuesto, se acordó llevar a cabo una revisión de las normativas que limitan el destino del gasto en las gobernaciones, buscando eliminar progresivamente aquellas que financian obligaciones del nivel central o de entidades ya cerradas. También se evaluarán mecanismos que permitan a las gobernaciones tener mayor autonomía en la definición de sus presupuestos, aunque el control de los agregados fiscales seguirá en manos del Gobierno nacional.
El acuerdo también aborda la revisión de la normativa que ha restringido las competencias constitucionalmente reconocidas a las gobernaciones, así como la necesidad de ajustar las transferencias fiscales según principios de sostenibilidad y equidad territorial.
Además, la Agenda 50/50 contempla la creación de normativas que faciliten la formación de alianzas público-privadas y modificaciones en la Ley 699, que busca fortalecer las relaciones internacionales de las gobernaciones. También se analizarán fondos de compensación y la posibilidad de transferir instituciones públicas a las administraciones departamentales.
Para llevar adelante estos compromisos, el Gobierno nacional se comprometió a proporcionar información técnica a las entidades territoriales, mientras que las gobernaciones deberán contribuir con insumos para la elaboración de propuestas consensuadas. El Ejecutivo también anunció la realización de encuentros con municipios y autonomías indígenas para integrar estos acuerdos en un futuro Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.
