Gobierno asume con seriedad acusaciones contra el fiscal general Roger Mariaca
En una reciente rueda de prensa, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, calificó de "muy graves" las acusaciones formuladas por Estados Unidos hacia el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. En este contexto, el Gobierno boliviano aseguró que se respetará la independencia de las instituciones y que se colaborará con las investigaciones que correspondan.
La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de imponer restricciones de visa a un grupo de 12 ciudadanos bolivianos, donde se incluye a Mariaca y a otros funcionarios judiciales y de seguridad, fue considerada un examen a la institucionalidad democrática del país. Aramayo indicó que se pedirá información oficial a las autoridades estadounidenses.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, enfatizó que las acusaciones deben ser abordadas con seriedad y anunció la solicitud de información que aclare los motivos de las restricciones. "Las denuncias de corrupción y las acusaciones vinculadas al narcotráfico requieren ser investigadas adecuadamente", añadió.
Solicitudes oficiales al Gobierno estadounidense
Justiniano también explicó que el Gobierno boliviano enviará una solicitud formal al Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener detalles sobre la decisión de Estados Unidos respecto a Mariaca. Destacó que cualquier acusación debe ser respaldada por evidencia y seguir el debido proceso.
Además, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que se intensificarán las investigaciones sobre los ciudadanos incluidos en la lista de Estados Unidos. Aseguró que se tomarán todas las acciones necesarias para aclarar la situación.
Aramayo reiteró que el Gobierno respeta las decisiones migratorias de Estados Unidos, pero subrayó que las investigaciones en Bolivia deben adherirse a la normativa local. En cuanto a las peticiones de algunos legisladores para que Mariaca sea destituido, Justiniano recordó que su nombramiento depende de la Asamblea Legislativa y cualquier decisión debe seguir los procedimientos correspondientes.
"Desde el día cero, el presidente Paz ha planteado una línea contundente, como política de Estado: ir de manera declarada y decidida contra el narcoterrorismo y cualquier acción que quiera desestabilizar el Estado de derecho", enfatizó Aramayo.
