Estados Unidos anula la visa de Roger Mariaca por supuesta corrupción
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha tomado la decisión de cancelar la visa del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, aludiendo a presuntos actos de corrupción relacionados con el narcotráfico. Según las autoridades estadounidenses, Mariaca habría abusado de su posición para recibir sobornos que facilitarían actividades del narcotráfico y permitirían a criminales violentos escapar de la justicia.
Esta acción se inscribe dentro de una nueva política migratoria de Washington que busca restringir la entrada a funcionarios y exfuncionarios de varios países del continente que son acusados de corrupción o de participar en actividades del narcotráfico. En total, se ha informado que 12 bolivianos con visas vigentes han sido afectados por esta medida, incluyendo al exministro de Justicia, Iván Lima, jueces, fiscales, así como otros funcionarios del sistema judicial boliviano.
La acusación contra Mariaca sugiere que sus acciones comprometen los esfuerzos del presidente Donald Trump en la lucha contra el narcoterrorismo y afectan a las instituciones democráticas que Bolivia intenta fortalecer, en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas. La decisión también se extiende a los familiares directos del fiscal general.
El fiscal general ha refutado las alegaciones en su contra, calificando la revocación de su visa como un posible intento de presión política e injerencia por parte de Estados Unidos. Desde la ciudad de Sucre, Mariaca declaró que respeta la soberanía de Estados Unidos, pero también pidió que se respete la independencia de las instituciones bolivianas.
Mariaca también defendió las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, mencionando el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo. Aseguró que ninguna presión, ya sea nacional o internacional, detendrá el avance de estas investigaciones.
"Investigar no significa condenar".
Finalmente, es importante señalar que la decisión de Estados Unidos es una acción migratoria y no implica una sentencia judicial contra Mariaca. Las acusaciones del Departamento de Estado son parte de la justificación para la restricción migratoria que se ha implementado.
