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POLÍTICA

El Gobierno y Pacto Global Red Bolivia trabajan por la transparencia estatal

por Ramiro Huanca
El Gobierno y Pacto Global Red Bolivia trabajan por la transparencia estatal

El 20 de octubre de 2026, en la Casa Grande del Pueblo, se llevó a cabo el encuentro titulado "Fortaleciendo la gobernanza pública: acción colectiva para consolidar una cultura de integridad". Este evento fue organizado por el Gobierno y el Pacto Global Red Bolivia, con el objetivo de promover medidas que refuercen la transparencia y prevengan la corrupción en las instituciones estatales.

Yamil García, viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, enfatizó la necesidad de implementar resultados tangibles, como la creación de códigos de ética y manuales institucionales. Además, mencionó la derogación del Decreto Supremo 151 y la introducción de nuevas iniciativas a través del Decreto Supremo 5706 para mejorar la transparencia.

Entre las estrategias abordadas se destaca la selección conjunta de responsables de las unidades de transparencia, así como la capacidad de llevar a cabo acciones inmediatas en caso de compromisos a la integridad pública. También se busca reconocer a los servidores públicos que actúan con honestidad.

Lucía Sossa, directora ejecutiva del Pacto Global Red Bolivia, subrayó la relevancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y privado para cultivar una cultura de integridad y transparencia a nivel nacional.

"Un código de ética tiene valor cuando ayuda a las personas a resolver situaciones reales, reconocer un conflicto de interés, responder ante una presión indebida y cuidar los recursos públicos".

Karen Velasco, oficial de asuntos comerciales de la Embajada de Suecia en Bolivia, compartió que el modelo sueco se basa en la colaboración entre empresas, instituciones académicas y el Gobierno, lo cual facilita el desarrollo económico y la creación de soluciones efectivas.

Este esfuerzo conjunto busca no solo ajustar normativas, sino también cimentar una cultura sólida de integridad en el manejo de recursos públicos, lo que se considera esencial para el buen funcionamiento del Estado.

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