El Gobierno declara la lucha contra la corrupción como prioridad nacional
El gabinete del ministro Rodrigo Paz ha aprobado el Decreto Supremo 5706, en el que se establece que la lucha contra la corrupción, así como la promoción de la integridad pública, la mejora de la transparencia institucional y la protección de los recursos estatales, son considerados como una "prioridad nacional del Estado".
El propósito de esta normativa es asegurar un uso eficiente de los recursos públicos, optimizar la capacidad del Estado frente a situaciones que puedan comprometer su integridad y fortalecer la confianza de la población en las instituciones.
Dentro de este contexto, el viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, ha sido designado como el "Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia". Este cargo le otorga la responsabilidad de coordinar estrategias relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción en el ámbito del Órgano Ejecutivo y con otros organismos públicos y privados.
El viceministerio mencionado será la entidad encargada de llevar a cabo la vocería jurídica en temas relacionados con sus competencias, tal como se indica en el decreto. El Gobierno ha señalado que es fundamental lograr en Bolivia un estado de "Cero Corrupción, Transparencia Radical y Probidad Estatal", y para ello se busca potenciar la operatividad del Viceministerio de Transparencia.
Entre las atribuciones que se mencionan en la norma, se destaca la coordinación con otros órganos del Estado y entidades autónomas para implementar políticas de integridad pública y combatir la corrupción. Además, se deberá promover mecanismos de colaboración interinstitucional para prevenir y gestionar riesgos de corrupción.
El decreto también permite al viceministerio llevar a cabo acciones directas en entidades y empresas donde el Estado tenga participación, con el objetivo de identificar información relevante que debe ser proporcionada de manera inmediata. Asimismo, se establece la necesidad de cooperación entre el Viceministerio de Transparencia y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para mejorar la eficacia en la lucha contra la corrupción y proteger los recursos del Estado.
