El Gobierno de Bolivia avanza hacia el cierre de diez empresas públicas
El Gobierno de Bolivia está en proceso de evaluar el cierre o liquidación de diez empresas públicas que atraviesan serias dificultades financieras. Esta medida se enmarca dentro del Decreto Supremo 5727, y se espera que la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) revele los nombres de las entidades afectadas este martes.
Pablo Camacho, director de la OFEP, ha mencionado que las decisiones sobre la reorganización o disolución de estas empresas se fundamentan en criterios económicos y no en motivos políticos. Camacho criticó el desempeño de las empresas estatales en las últimas dos décadas, señalando que muchas no lograron cumplir con sus objetivos de contribuir al desarrollo industrial del país.
Este primer paquete de diez empresas fue seleccionado a partir de un análisis que incluyó a 67 entidades públicas, de las cuales 20 fueron identificadas como críticas. Sin embargo, el anuncio formal de las empresas involucradas estará sujeto a la aprobación del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP), y dependiendo de la naturaleza jurídica de cada entidad, podría requerir un decreto supremo o un proyecto de ley para llevar a cabo el cierre o la liquidación.
Las implicaciones de este cierre podrían tener un impacto significativo en las finanzas públicas, generando un legado de deudas que recaerá sobre la ciudadanía. Camacho ha subrayado que es esencial tomar decisiones que mejoren la situación económica del país, dejando atrás modelos de gestión que han demostrado ser ineficaces.
"Hemos visto que lo único que han ocasionado son pérdidas"
Camacho concluyó enfatizando que las decisiones actuales no están motivadas por ideologías ni políticas, sino que buscan abordar la problemática económica que enfrenta el país. Reiteró que el legado de más de veinte años de administración de empresas públicas ha sido un aumento de deudas que ahora hay que afrontar.
El Gobierno ha indicado que las acciones se ejecutarán de manera ordenada y tras la consulta con las instancias correspondientes, sin apresuramientos, para asegurar que se realicen conforme a la normativa vigente.
