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Detención del dirigente campesino Virreyra genera polémica en Cochabamba

por Ramiro Huanca
Detención del dirigente campesino Virreyra genera polémica en Cochabamba

Nelson Virreyra, destacado dirigente campesino y figura clave del movimiento evista en Cochabamba, fue arrestado este martes en la avenida Blanco Galindo y llevado a las instalaciones de la FELCC. Esta acción se da en el contexto de las investigaciones relacionadas con los bloqueos que se llevaron a cabo durante más de 50 días entre mayo y junio.

La orden de aprehensión fue emitida el 5 de octubre y Virreyra enfrenta acusaciones por presuntos delitos asociados a las movilizaciones, que incluyen atentados contra la seguridad del transporte y de los servicios públicos, así como instigación pública a delinquir. Según su abogado, primero presentará su testimonio antes de que se decida si habrá cargos formales en su contra y se programará una audiencia cautelar.

Virreyra, quien participó activamente en las protestas, considera que su detención forma parte de una persecución política y argumenta que las manifestaciones fueron motivadas por la escasez de alimentos y combustible. Desde el círculo evista, se han alzado voces en contra de su arresto, señalando que hay una intención de intimidar a los líderes sociales.

Esta detención se produce justo después de que Virreyra anunciara nuevas movilizaciones programadas para el 13 de octubre, en las que participarán sectores afines a Evo Morales, como respuesta a las políticas económicas del Gobierno y a la eliminación de la subvención al diésel. El dirigente había anticipado que octubre marcaría el "inicio del fin" del gobierno de Rodrigo Paz.

La investigación sobre los bloqueos también involucra a otros líderes y exautoridades, cuyos casos están siendo tratados de manera separada. La aprehensión de Virreyra no indica una condena ni demuestra necesariamente una política del Gobierno para desmantelar las dirigencias; esa interpretación es sostenida por quienes alegan que hay una persecución política en marcha. La Fiscalía y el sistema de justicia deberán determinar las responsabilidades individuales que correspondan en este caso.

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