Defensoría del Pueblo denuncia maltrato a internos y residentes médicos en Bolivia
La Defensoría del Pueblo en Potosí ha presentado un informe nacional titulado "Aprender con miedo – vulneración de derechos de internos y médicos residentes en el sistema nacional de salud en Bolivia". Este documento surge de una investigación que pone de manifiesto el maltrato que sufren los profesionales en formación en el ámbito hospitalario, tanto en lo psicológico como en lo físico.
Durante la investigación, se han recopilado testimonios de internos y residentes que revelan un entorno educativo marcado por el maltrato. Un residente médico de Potosí comentó que aún persisten prácticas de enseñanza anticuadas, donde el maltrato verbal es considerado un método válido. Según su testimonio, un 20% de los profesionales aplican métodos que deterioran la autoestima de los internos, creyendo erróneamente que son efectivos.
Jackeline Alarcón, delegada de la Defensoría del Pueblo en Potosí, destacó que este informe se originó a raíz de situaciones alarmantes en años anteriores. Uno de los casos más significativos ocurrió en 2024, cuando se llevaron a cabo protestas tras el suicidio de un estudiante que había denunciado malos tratos en Cochabamba. Alarcón enfatizó que la investigación abarcó hospitales de segundo y tercer nivel, así como centros asociados a la Caja Nacional de Salud.
Los resultados indican que los internos carecen de las condiciones necesarias para su formación. Por ejemplo, no tienen acceso a bibliotecas en los hospitales, y muchos no cuentan con internet, lo que dificulta su estudio. La delegada agregó que las condiciones de descanso son inadecuadas, aludiendo a situaciones donde algunos deben descansar en el suelo o sentados, y sin abrigo suficiente durante el invierno.
Otro aspecto crítico que se evidenció es la falta de alimentación adecuada en la mayoría de los hospitales, lo que se traduce en un ambiente poco propicio para el desarrollo profesional. En este sentido, la Defensoría ha emitido recomendaciones dirigidas al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, y a autoridades de salud regionales y hospitalarias, para garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de estos profesionales en formación.
