Cristina Fernández presenta su reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU
Cristina Fernández, quien fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015, se encuentra en prisión domiciliaria y ha decidido presentar una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Este anuncio lo realizó el miércoles, en el contexto de su condena a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos debido a irregularidades en la concesión de obras.
La exmandataria, que ha estado bajo arresto domiciliario en su residencia de Buenos Aires desde el 17 de junio de 2025, argumenta que su situación es resultado de una persecución motivada por su condición de mujer. En una carta abierta publicada en sus redes sociales, Fernández denunció un "machismo estructural" presente en ciertos sectores del sistema judicial argentino.
En su misiva, expresó su decisión de acudir al organismo internacional, ya que considera que durante su juicio se vulneraron derechos fundamentales establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sostuvo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es un logro de la humanidad, relevante especialmente cuando las instituciones de un país no protegen a los ciudadanos de los abusos del poder.
Fernández calificó su inhabilitación como una forma de "proscripción", advirtiendo que es una de las maneras más sofisticadas de erosionar la democracia en la actualidad. Destacó que, aunque las instituciones siguen funcionando, el espacio para la soberanía popular se ve comprometido por decisiones judiciales que determinan quién puede participar en el ámbito político.
Además, en las últimas horas, la ex presidenta publicó un artículo en varios medios internacionales, como El País de España y Libération de Francia, donde reafirma su inocencia y denuncia la persecución judicial que enfrenta, al tiempo que informa sobre su reclamación ante la ONU.
Se espera que este miércoles, sus abogados, Javier Borrego y Rafael Valim, ofrezcan una conferencia de prensa para detallar la estrategia legal en relación con su acción ante las Naciones Unidas.
La condena de Fernández, conocida como causa 'Vialidad', se refiere a la investigación sobre irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de la propia Cristina Fernández. El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 la sentenció, y esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema el 10 de junio de 2025, al rechazar el recurso presentado por su defensa.
