Jueves, 10 de septiembre de 2026
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POLÍTICA

Censura al Ministro de Economía por falta de asistencia

por Natalia Apaza
Censura al Ministro de Economía por falta de asistencia

Este martes, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la censura contra el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, debido a que no se presentó a la interpelación convocada para ese día.

El presidente nato de la ALP, Edmand Lara, comunicó que, tras recibir el informe correspondiente y alcanzar el voto de dos tercios, se decidió la censura del ministro y se enviará la resolución al Ejecutivo con los argumentos expuestos.

De un total de 129 legisladores, 91 votaron a favor de la censura, 34 optaron por una votación de orden del día puro y simple, y 4 se abstuvieron de participar.

Durante la sesión, se produjo un momento de tensión cuando el presidente del Senado, Diego Ávila, sugirió que la votación debería considerar a todos los miembros de la Asamblea, citando la Constitución, lo que fue rechazado por el vicepresidente Lara, quien indicó que solo se deben contar los votos de los presentes.

Los legisladores de la bancada de Libre apoyaron la censura, argumentando que el ministro debía haber asistido a la interpelación. El diputado Jaime Aramayo expresó: "El pueblo boliviano necesita un cambio de timón, los ministros tienen que estar a la altura del cargo".

En contraposición, los representantes del partido Autonomía para Bolivia – Súmate (APB-Súmate) rechazaron la censura y argumentaron que el ministro debía comparecer para dar explicaciones en el pleno.

Antes de la sesión, Espinoza envió una carta al pleno justificando su ausencia y solicitando reprogramar la interpelación, argumentando que tenía programadas reuniones en Santa Cruz sobre el abastecimiento de combustibles y un viaje planeado a Brasil.

A pesar de sus justificaciones, la mayoría de los legisladores cuestionaron su participación en las gestiones relacionadas con el diésel y votaron a favor de su censura. El ministro, quien tenía que rendir cuentas por presuntas irregularidades en la compra de un vehículo, no pudo evitar la decisión del Legislativo.

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