Cambios en el Fondo del 6% generan incertidumbre en el sistema financiero
El Gobierno de Rodrigo Paz ha promulgado el Decreto Supremo 5693, que establece normativas excepcionales y temporales para las entidades financieras que, hasta el 31 de julio de 2026, enfrenten dificultades en el cumplimiento de sus mínimos niveles de solvencia. Esta medida busca prevenir un deterioro mayor en el sistema financiero y asegurar la continuidad de los servicios prestados por estas instituciones.
Un aspecto que genera una gran preocupación es la utilización temporal del Fondo Amplio de Garantía y Crédito, fundado en 2026 con recursos que provienen del 6% de las ganancias netas de los bancos múltiples y de los bancos PYME. Este fondo fue creado originalmente para mejorar el acceso a financiamiento con garantías relacionadas a la vivienda social y los créditos productivos.
Con el nuevo decreto, se permite que el fondo emita Certificados de Fortalecimiento Patrimonial a aquellas entidades financieras que presenten problemas de solvencia. Dichos certificados tendrán una duración máxima de 90 días. Esto implica que los recursos que estaban destinados al fortalecimiento del acceso al crédito ahora serán utilizados para estabilizar el patrimonio de las instituciones financieras.
Este cambio ha generado un debate sobre la salud del sistema financiero. Si ciertas entidades necesitan recurrir a este tipo de medidas extraordinarias, surge la pregunta: ¿qué tan grave es la situación financiera actual? Aunque el decreto no indica necesariamente que haya una crisis bancaria sistémica, sí plantea interrogantes sobre la viabilidad de cubrir créditos incobrables con estos fondos.
Políticamente, esta decisión tiene implicaciones evidentes, ya que los recursos que antes se destinaban a facilitar el acceso a créditos para vivienda y producción ahora también podrán ser utilizados, aunque de forma temporal, para reforzar la solvencia de las entidades bancarias. Históricamente, estos fondos estaban destinados a ayudar a quienes buscaban acceder a vivienda de interés social.
En conclusión, queda la inquietud acerca de si el Gobierno está tomando medidas para proteger el sistema financiero de una potencial crisis o si, por el contrario, está sacrificando recursos que debieran ir hacia la vivienda y la producción, para solventar las debilidades de los bancos.
