Nueva ley garantiza pasajes aéreos solidarios para pacientes con cáncer
El 20 de octubre de 2026, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N.º 1780, que tiene como objetivo garantizar el acceso a pasajes aéreos solidarios, tanto nacionales como internacionales, para aquellos pacientes diagnosticados con cáncer, enfermedades terminales o en estado crítico.
La normativa establece que los pacientes deberán contar con un certificado que emita la autoridad de salud más cercana. Además, se contempla la posibilidad de que un acompañante pueda viajar junto al paciente, y en el caso de menores de edad, podrán ir hasta dos acompañantes.
Obligaciones de las aerolíneas
Según la ley, las aerolíneas están obligadas a reservar los espacios necesarios para los beneficiarios y sus acompañantes, adaptando los servicios a las necesidades médicas de los pacientes. También deberán garantizar un traslado cómodo y seguro.
Las aerolíneas deben programar y emitir los pasajes con suficiente antelación a la fecha de la consulta médica, y no podrán negarse a emitir boletos sin justificación, de acuerdo con la Ley General del Transporte.
Acceso y requisitos
Para acceder a estos pasajes solidarios, los pacientes deberán presentar un certificado médico, ya sea en formato físico o digital, que debe ser emitido por hospitales especializados, tanto nacionales como internacionales. La validación del documento será rápida y sencilla por parte de la autoridad de salud correspondiente.
Una vez cumplidos los requisitos, las aerolíneas procederán a gestionar los boletos, facilitando así el traslado de los pacientes para recibir la atención médica necesaria.
La ley también incluye beneficios fiscales para las aerolíneas que ofrezcan estos pasajes solidarios, permitiendo que el costo de los boletos sea considerado como un gasto deducible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Sin embargo, los beneficiarios deberán cubrir el Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE) y otros impuestos aplicables.
Las aerolíneas que no cumplan con las disposiciones de la ley pueden enfrentar sanciones por parte de la autoridad correspondiente. En caso de irregularidades en los certificados médicos, se iniciarán procesos legales contra los involucrados, incluyendo a los médicos y hospitales.
Finalmente, se establece un plazo de 30 días desde su publicación para que el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Salud y Deportes, elabore la reglamentación necesaria para la aplicación de esta ley.
