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SOCIEDAD

AJAM aumenta fiscalización para frenar minería ilegal en Potosí

por Edwin Colque
AJAM aumenta fiscalización para frenar minería ilegal en Potosí

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha intensificado los controles contra la minería ilegal en Potosí, una región donde se estima que el 80% de las actividades mineras se realizan sin las debidas autorizaciones. Esta medida busca optimizar los trámites administrativos y regularizar el sector minero en el país.

Óscar Santos, director de la AJAM en Potosí, indicó en una entrevista que se están llevando a cabo operativos continuos para supervisar las actividades mineras irregulares. La AJAM también se encuentra trabajando en la agilización de los Contratos Administrativos Mineros (CAM) y las Licencias de Prospección y Exploración (LPE), con el fin de facilitar la regularización de los mineros dentro del marco legal.

Entre las áreas críticas identificadas, se encuentran La Paz, Potosí y Tupiza. Santos destacó que se han encontrado organizaciones y personas que operan de manera irregular, muchas de las cuales han estado en estas zonas por años. La situación es compleja, dado que el 80% de la actividad minera en Bolivia es considerada ilegal.

El director aclaró que poseer una Licencia de Prospección y Exploración no confiere el derecho a extraer o comercializar minerales, lo que ha sido un punto de confusión entre algunos actores del sector. Esto se traduce en que muchas entidades o individuos que poseen estas licencias están involucrados en actividades de explotación no autorizadas.

Para combatir la minería ilegal, la AJAM realiza inspecciones tanto a partir de denuncias como de manera proactiva. En sus operativos más recientes, se logró la suspensión de diversas actividades irregulares, el desalojo de personas involucradas y la confiscación de maquinaria pesada utilizada en estas labores.

Un ejemplo de estas acciones es el operativo en la minera Alcira, donde se constató la extracción no autorizada de mineral. En esta intervención, se desplegó un contingente de aproximadamente 90 efectivos policiales, lo que permitió el cierre de bocaminas y la inutilización de equipos.

Finalmente, Santos indicó que la AJAM no tiene autoridad sobre el Cerro Rico de Potosí, ya que la regulación de este yacimiento corresponde a otra entidad. Las fiscalizaciones continuarán en diversas provincias de Potosí, con el objetivo de regularizar el sector y asegurar que este contribuya al desarrollo del país a través de impuestos y regalías mineras.

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