Abogado impugna congelamiento de cuentas en La Paz
El abogado Joseph Abastoflor ha presentado una acción de amparo constitucional en contra de autoridades de La Paz, argumentando que el congelamiento de cuentas bancarias de contribuyentes con deudas tributarias vulnera derechos fundamentales. Se estima que más de 1.000 personas podrían estar involucradas en esta situación.
Abastoflor ha criticado el procedimiento utilizado por la Alcaldía, sosteniendo que se ha infringido el debido proceso y el derecho a la defensa. Los contribuyentes afectados habrían intentado apelar las medidas ante la Administración Tributaria Municipal (ATM) sin recibir respuesta.
La Alcaldía de La Paz argumenta que el congelamiento de cuentas se realiza después de notificaciones formales y dentro de plazos establecidos, ofreciendo opciones de pago que pueden extenderse hasta 30 meses. A su vez, se ha indicado que la deuda tributaria acumulada supera los 3.000 millones de bolivianos, generando un déficit financiero de 248 millones de bolivianos.
La ATM ha emitido órdenes de retención de fondos, afectando a aproximadamente 160.000 cuentas debido a deudas relacionadas con vehículos e inmuebles. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha puntualizado que los recursos inembargables, como salarios y pensiones, deben ser respetados según la ley.
La acción de amparo busca no solo el descongelamiento de las cuentas afectadas, sino también establecer un precedente sobre los derechos de los contribuyentes frente a las acciones de la administración municipal. Ahora, corresponderá a la Sala Constitucional Tercera de La Paz evaluar y decidir sobre la solicitud presentada por Abastoflor.
La Alcaldía ha indicado que ofrecerá mecanismos de atención para aquellos que, tras vender sus vehículos, no han completado el cambio de titularidad, lo que ha ocasionado que las deudas permanezcan a nombre de los antiguos propietarios.
El caso se desarrolla en un contexto de recolección de deudas tributarias que busca mejorar la situación financiera del municipio, mientras los ciudadanos esperan que se respeten sus derechos en medio de este proceso de cobro.
