Ministro Oviedo informa sobre red de narcotráfico en la Asamblea
El 2 de octubre de 2026, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó un informe en la Asamblea Legislativa Plurinacional acerca de una red criminal que operaba desde el Ministerio Público, en el contexto de la evaluación del fiscal General, Roger Mariaca.
En el informe se detalla que el 30 de septiembre fue arrestado en La Paz, Rubén Aparicio Villarroel, presunto cómplice de Mariaca y Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz. Durante la misma madrugada del 1 de octubre, ambos fiscales fueron capturados en el aeropuerto Viru Viru. Además, en Sucre fue detenido Martín Irusta Flores, quien instigaba a otros funcionarios a obstaculizar la investigación.
Detalles de las imputaciones y operaciones policiales.
El 2 de octubre, se presentó una imputación formal que identifica a cuatro personas por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal: Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Rubén Aparicio y Martín Irusta. Se solicitó la detención preventiva de los imputados. Asimismo, el fiscal Daniel Ortuño reportó el hallazgo de más de Bs 3.5 millones y $us 10,000 en una ambulancia que salía del domicilio de Mariaca en Santa Cruz.
El caso está conectado con la estructura criminal de Sebastián Marset, quien evadió su captura en 2023 y fue finalmente arrestado el 13 de marzo de este año. En audios recientes, Marset menciona tener amistad y protección de Mariaca, y nombra al exministro Eduardo Del Castillo y al mayor Aparicio, como quienes transportaban dinero para él.
Las acciones fueron ejecutadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) con el apoyo de personal de inteligencia, incluyendo requisas y el secuestro de documentos y dispositivos electrónicos. El ministro Oviedo aclaró que las 14 detenciones realizadas son parte de un operativo más amplio, mientras que la actual imputación formal incluye a cuatro individuos.
Finalmente, el informe enfatiza la necesidad de salvaguardar la continuidad y la independencia del Ministerio Público. Cualquier conflicto relacionado con competencias deberá ser resuelto a través de los canales legales correspondientes, lo que podría permitir a la Asamblea Legislativa solicitar las actas y otros documentos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones.
