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POLÍTICA

Comibol presenta anteproyecto para combatir minería ilegal en Huanuni

por Edwin Colque
Comibol presenta anteproyecto para combatir minería ilegal en Huanuni

El 28 de septiembre de 2026, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) llevó a cabo la socialización de un anteproyecto de ley en Huanuni, destinado a endurecer las sanciones contra la minería ilegal y proteger los recursos estatales. La entrega formal se realizó a representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Este anteproyecto surge como respuesta a un acuerdo interinstitucional firmado el 1 de abril de 2026 y se fundamenta en la necesidad de enfrentar la grave situación de violencia observada en los yacimientos, como el incidente de julio de 2026 en el que un trabajador minero y dos soldados perdieron la vida.

El nuevo marco legal contempla que las fuerzas militares puedan hacer uso de armamento bajo criterios similares a los utilizados en la lucha contra el contrabando, siempre respetando los principios de legalidad y proporcionalidad.

Las sanciones se endurecerán considerablemente; en casos de reincidencia o uso de armas, las penas podrían aumentar hasta en dos tercios. Además, se establecen castigos de entre tres y nueve años de prisión para quienes financien la minería ilegal.

Desde Comibol, se informó que el robo de minerales ha causado pérdidas mensuales de 2.988.228 bolivianos (aproximadamente 236.679 dólares) en la Empresa Minera Huanuni, afectando gravemente la economía estatal.

Para fomentar la colaboración de la comunidad, el anteproyecto propone incentivos económicos, otorgando un 5% del valor del mineral recuperado a denunciantes individuales y un 10% si la alerta proviene de comunidades campesinas o pueblos indígenas.

Finalmente, el anteproyecto será evaluado por las comisiones de la Asamblea Legislativa, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en los centros mineros, donde se ha registrado la entrada de grupos armados y actividades delictivas.

Esta norma busca frenar millonarias pérdidas económicas en las empresas estatales, reducir la violencia en los yacimientos y establecer un marco legal de coordinación entre las instituciones del Estado.

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