Identifican zonas conflictivas en Bolivia ante posibles protestas
Durante un debate en la Asamblea Legislativa sobre la extensión del estado de excepción, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expuso que informes de inteligencia han identificado a Senkata, el Trópico de Cochabamba y diversas regiones en Santa Cruz como puntos críticos donde podrían reactivarse las protestas y bloqueos.
Oviedo mencionó que las alertas indican que después del 18 de septiembre podría haber movilizaciones en localidades como San Julián, Yapacaní y en el área del puente San Pablo, que se encuentra en la frontera entre Santa Cruz y Beni. Además, advirtió que desde el Trópico estarían enviando "activistas" a otros lugares para incitar nuevas manifestaciones, aunque no ofreció más detalles sobre los grupos implicados.
Para justificar la prórroga del estado de excepción, el Gobierno presentó un total de 12 informes técnicos, de los cuales ocho provienen de la Policía, dos del Ministerio de Gobierno, uno del Ministerio de Defensa y otro de las Fuerzas Armadas. Según el análisis de Oviedo, estos documentos revelan la existencia de amenazas, situaciones de emergencia y bloqueos activos en varios puntos del país.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, evaluó el riesgo de conflictos como "muy alto" en Santa Cruz, "alto" en La Paz, El Alto y Cochabamba, mientras que en otros departamentos se califica como "medio-alto".
La conclusión del Ejecutivo sobre la posibilidad de una nueva escalada de conflictos fue utilizada para respaldar la decisión de extender el estado de excepción por 90 días más, medida que recibió 100 votos favorables en la Asamblea Legislativa. Esta ampliación se da tras los 53 días de bloqueos que ocurrieron entre mayo y junio, que el Gobierno considera como un antecedente para la situación actual.
A pesar de las afirmaciones del Gobierno sobre la inminencia de nuevos conflictos, varios sectores sociales y legisladores han puesto en duda la necesidad de esta prolongación y sugieren que lo prioritario debería ser el diálogo y la atención a las necesidades económicas y sociales que se presentan en el país.
