Gobierno evalúa recortes en subsidios tras acuerdo con el FMI
El Gobierno, liderado por Rodrigo Paz, ha comenzado a considerar la posibilidad de recortar diversas subvenciones estatales, además de eliminar el subsidio a los combustibles. Esta medida forma parte del acuerdo económico establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se prevé que el sector energético sea uno de los más afectados por esta revisión, lo que podría repercutir directamente en los costos que enfrentan tanto hogares como empresas.
El acuerdo con el FMI incluye una política destinada a reducir de manera progresiva las subvenciones y el gasto público, como parte de un ajuste fiscal necesario. Este ajuste busca reducir el déficit del sector público, el cual ha sido señalado como uno de los principales desafíos de la economía boliviana. Se estima que el programa implicará un ajuste fiscal equivalente al 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2026 y 2029.
Uno de los aspectos más críticos del acuerdo se refiere a los combustibles. Según el memorando, los precios internos se mantendrán estables durante 2026; sin embargo, a partir de enero de 2027, se espera que comiencen a ajustarse hacia niveles que permitan recuperar los costos, eliminándose así la asignación de recursos para subvencionarlos en el Presupuesto General del Estado de ese año.
El impacto del acuerdo no se limitará solo a los combustibles. También se prevé la eliminación progresiva de controles de precios que actualmente rigen sobre alimentos y energía. Adicionalmente, se buscará racionalizar la inversión pública, reducir el gasto estatal y reestructurar aquellas empresas estatales que no sean financieramente viables.
El Gobierno argumenta que estas medidas son parte de un plan integral de 36 meses destinado a estabilizar las finanzas públicas. El acuerdo con el FMI incluye un financiamiento aproximado de 1.900 millones de dólares, y se espera que facilite la obtención de más recursos de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La preocupación ahora recae sobre el efecto que estos ajustes tendrán en la población. Mientras el Gobierno se esfuerza por disminuir el impacto de las subvenciones en las finanzas públicas, la reducción o eliminación de estos mecanismos podría llevar a que los costos reales de la energía y otros servicios sean trasladados a los consumidores y a las empresas.
El acuerdo con el FMI va más allá de la simple revisión de los precios de gasolina y diésel, ya que la evaluación de otras subvenciones podría abrir un nuevo frente de ajustes que afectaría directamente el bolsillo de los ciudadanos bolivianos.
