Nuevo decreto del Gobierno aumenta subvenciones para combustibles
El 27 de agosto, el Gobierno boliviano, liderado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, emitió el Decreto Supremo N.º 5683. Esta norma eleva el límite de subvenciones del Tesoro General de la Nación (TGN) para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pasando de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones en el contexto de la importación de combustibles.
Esta modificación se da en reemplazo del Decreto Supremo 5652, que fue promulgado el 9 de julio de 2026, y que establecía un monto máximo de Bs 1.000 millones para cubrir el diferencial entre el costo de importación y el precio preterminal del petróleo crudo.
El artículo único del nuevo decreto establece que el monto a asignar es de hasta Bs 2.000.000.000 (DOS MIL MILLONES 00/100 BOLIVIANOS). Es importante aclarar que esto no implica que el monto se desembolsará de inmediato, sino que establece un límite máximo sujeto a la disponibilidad financiera del TGN.
El Gobierno argumenta que esta decisión busca responder a las actuales condiciones económicas y la necesidad de estabilizar los precios de los productos derivados del petróleo. Se enfatiza en que es crucial contar con los recursos necesarios para garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.
Además, el decreto mantiene el mecanismo anterior, permitiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del TGN, asigne recursos a YPFB según su disponibilidad. Estos fondos tienen la finalidad de cubrir las diferencias de precios entre la importación y el costo preterminal del petróleo crudo, siguiendo la metodología vigente.
La promulgación de este decreto se produce en un marco de debates sobre los precios y el suministro de combustibles, aunque no altera directamente los precios del diésel o la gasolina. La norma se centra principalmente en la ampliación de los montos autorizados para la importación y estabilización de combustibles.
Finalmente, se establece que los ministros de Economía y Finanzas Públicas, así como de Hidrocarburos y Energías, tendrán la responsabilidad de ejecutar y asegurar el cumplimiento de esta norma, que fue firmada en el Palacio de Gobierno el 27 de agosto de 2026.
