El Gobierno busca soluciones para evitar bloqueos en Yapacaní
Este martes, Hernán Paredes, viceministro de Régimen Interior y Policía, junto a Víctor Hugo Blacut, vicepresidente de Operaciones de YPFB, llegaron a Yapacaní, a aproximadamente 124 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, para abordar la situación provocada por el Decreto Supremo 5676, que establece un incremento del precio del diésel de Bs 9,80 a Bs 18 por libro para los "grandes consumidores".
La reunión tuvo lugar en la Federación Intercultural de Productores Agropecuarios, donde los representantes del gobierno dialogaron con los sectores afectados por el decreto. Los agricultores manifestaron que este aumento en el precio del diésel podría encarecer significativamente su producción.
Durante la reunión, Paredes propuso tres medidas clave: asegurar el suministro de diésel en las áreas productivas, apoyar la instalación de una refinería en Yapacaní y acelerar la autorización para una estación de servicio que lleva más de dos años en proceso.
El viceministro también explicó que se implementarán controles para evitar que el combustible desviado termine en actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando. Además, se enviarán de una a dos cisternas para evaluar la distribución del diésel cerca de los campos de producción.
Modificación del decreto en camino
Paredes reconoció que el decreto actual necesita cambios, afirmando: "Yo también lo rechazo. Creo que tiene que haber una modificación para que se permita tener diésel a un precio competitivo". Anunció que se trabaja en una nueva norma más inclusiva, que permita a más sectores la importación de combustible y fomente la competencia.
El alcalde de Yapacaní, Juan Ramos Alanís, expresó que los productores prefieren llegar a un acuerdo en lugar de bloquear la carretera. Afirmó que si hay un consenso, el bloqueo no será necesario.
La negociación se lleva a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Desde las 5:00 de la mañana, se han desplegado efectivos de la policía y el ejército cerca de Yapacaní, con el objetivo de garantizar la libre circulación y el orden durante este proceso, que se desarrolla en el contexto del estado de excepción vigente desde el 20 de junio.
