Crisis política en el gobierno de Rodrigo Paz por el asesor argentino Fernando Cerimedo
El caso de Fernando Cerimedo ha escalado de ser una simple investigación sobre el ataque a la abogada y activista Nadia Beller a convertirse en un verdadero desafío político para el Gobierno de Rodrigo Paz. Un análisis jurídico-político del 18 de agosto resalta que Cerimedo, un consultor argentino, había estado operando con un nivel de influencia que va más allá de lo habitual para un asesor externo.
El documento subraya que Cerimedo fue designado oficialmente como asesor personal del presidente, tanto por el vicepresidente Edmand Lara como por el mismo consultor, quien se identificó abiertamente en Argentina afirmando: “Soy asesor personal del Presidente”.
Credenciales y cuestionamientos sobre su rol en el gobierno
Uno de los aspectos que más inquietud genera son las credenciales de Cerimedo. El análisis presenta una tarjeta que lo clasifica como “Asesor Principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, incluyendo el escudo nacional y un correo electrónico institucional con dominio de presidencia.gob.bo. Esto plantea la pregunta sobre quién aprobó la creación de dicha cuenta y en qué condiciones se le permitió a un particular utilizar recursos de la institución presidencial.
Por otro lado, el examen también menciona tarjetas de contacto de diversas entidades, como el Export-Import Bank de Estados Unidos y la Armada Boliviana, lo que lleva a cuestionar la naturaleza de estas relaciones. Se plantea si los lazos con empresas internacionales y mandos militares se establecieron a través de canales oficiales o si Cerimedo actuó como un intermediario independiente. Aunque estas tarjetas no prueban irregularidades por sí solas, su existencia requiere un análisis más profundo.
Las afirmaciones de Nadia Beller también son objeto de interés, en particular su declaración de que Cerimedo contaba con un grupo policial bajo su mando y sugiere la existencia de supuestos negociados. Sin embargo, el análisis reconoce que muchas de estas afirmaciones carecen de confirmación y necesitan ser verificadas.
La crisis ha alcanzado un nivel institucional, con el vicepresidente Lara describiendo a Cerimedo como “un tipo maquiavélico capaz de todo” y exigiendo que las autoridades judiciales actúen sin distinciones. Asimismo, el diputado Antonio Pino ha solicitado informes sobre el estatus migratorio de Cerimedo y su capacidad para negociar en nombre del país.
El interrogante que permanece es de mayor envergadura que el asunto penal en sí: ¿quién era realmente Fernando Cerimedo en el gabinete de Rodrigo Paz, qué le otorgó acceso a las instituciones, quién respaldaba su trabajo y cuál era su nivel de influencia sobre los funcionarios y decisiones públicas? El análisis concluye que el reto para la Fiscalía, la Contraloría y el Parlamento no solo es esclarecer el ataque a Beller, sino también determinar si existía un sistema de poder informal que operara en el Estado sin los controles adecuados.
