Incendios en Bolivia: 7.500 hectáreas consumidas sin avances en leyes ambientales
Bolivia enfrenta nuevamente una grave crisis de incendios, habiéndose consumido ya más de 7.500 hectáreas, principalmente en Tarija y el Parque Nacional Otuquis, mientras que las iniciativas para derogar las leyes que permiten estas prácticas siguen estancadas en la Asamblea Legislativa.
En Tarija, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) ha informado que aproximadamente 5.000 hectáreas han sido afectadas por incendios en varias comunidades. Ante esta situación, la Gobernación ha declarado emergencia departamental en los municipios de Méndez, Uriondo y Cercado, y la Fiscalía ha iniciado al menos cuatro investigaciones para determinar responsabilidades.
Por otro lado, en Santa Cruz, el incendio más significativo se ha registrado en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, donde se han visto afectadas alrededor de 2.538 hectáreas. También se han reportado focos de incendio en las localidades de Pailón, Porongo y San Matías, complicados por fuertes vientos y escasez de recursos para las brigadas de combate al fuego.
Los datos preliminares indican que, entre Tarija y el Parque Otuquis, más de 7.500 hectáreas han sido devastadas por el fuego, justo al inicio del periodo crítico de incendios, que se extiende generalmente de julio a octubre. Recientemente, también se han observado incendios en Liriuni, una zona cercana al Parque Nacional Tunari, mientras que La Paz ha amanecido con humo en el aire.
Cecilia Requena, diputada de Unidad, ha señalado que no se ha avanzado en la abrogación de las leyes que facilitan estos desastres. Aseguró que, a pesar de los intentos, ninguna de las leyes cuestionadas ha logrado avanzar en el proceso legislativo. Algunas propuestas lograron ser aprobadas en el Senado en la legislatura anterior, pero no han llegado al pleno de la Cámara Baja.
Una de las normas más relevantes es la Ley 1171, que regula las quemas y establece sanciones por las quemas no autorizadas. Aunque su abrogación fue recomendada, se ha encontrado resistencia por parte de legisladores que tienen vínculos con sectores productivos. La diputada Requena destacó que las multas impuestas son tan bajas que algunos infractores prefieren pagarlas en lugar de cumplir con la normativa.
Además, existe la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas en propiedades pequeñas, la cual sigue vigente a pesar de haber sido aprobada su abrogación en septiembre de 2024. Según Requena, es fundamental no solo eliminar estas disposiciones, sino también crear una nueva Ley de Bosques que evite vacíos legales y fomente prácticas agrícolas sostenibles.
La situación es aún más preocupante si se considera el desastre de 2024, cuando se quemaron 12,6 millones de hectáreas, de las cuales el 68% correspondió a Santa Cruz, según estudios de la Fundación Tierra. La diputada advirtió que las condiciones climáticas, como sequías y vientos fuertes, están empeorando, por lo que la respuesta no puede limitarse a combatir el fuego una vez que se ha descontrolado.
Requena enfatizó la necesidad de implementar medidas de prevención que incluyan información, vigilancia comunitaria y cooperación entre diferentes niveles de gobierno, mientras el debate sobre la legislación necesaria sigue estancado en el Legislativo y el fuego vuelve a amenazar bosques y comunidades.
